La pesca sin muerte en las aguas de acceso libre centra la polémica en el nuevo borrador

Cuando está a punto finalizar la temporada de pesca 2011 que, en líneas generales puede calificarse de mala o muy mala, vuelve la polémica acerca de la caída en picado de la población truchera en León. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, el leonés Antonio Silván, parece decidido a sacar adelante una nueva Ley de Pesca para Castilla y León, cuyo borrador ya fue presentado en la anterior legislatura antes de que la crisis fusionase la Consejería de Medio Ambiente con la de Fomento. El borrador, que ha recibido numerosas alegaciones todavía sin resolver, podría iniciar en breve su tramitación parlamentaria por los nuevos procuradores para ver la luz con su aprobación y publicación en el Bocyl el próximo año. Para tratar sobre la nueva Ley y otros temas relacionados con la pesca, como la propuesta de una licencia de ámbito nacional (en la actualidad cada autonomía tiene la suya) se ha reunido con el Presidente de la Federación de Pesca en Castilla y León Enrique Domínguez defensor ultranza de la pesca sin muerte. A priori la Federación no tendría gran representación ya que apenas el 2 % de los pescadores que obtienen licencia en la comunidad, unos 180.000, están federados. Esto se debe a que la mencionada federación se ocupa de las competiciones deportivas y la pesca básicamente es una actividad recreativa y social mas que un deporte de competición. En todo caso Silván busca apoyos ante la enorme contestación que el borrador ha suscitado entre los pescadores tradicionales.

La nueva Ley de Pesca de Castilla y León supone importantes cambios con respecto a la denominada Ley 6/1992 de 18 de diciembre de protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca de Castilla y León vigente en la actualidad hasta la aprobación de la nueva. La transferencia de las competencias de caza y de pesca a las Comunidades Autónomas provocó en su día la aparición en cascada de diferentes Leyes Autonómicas en cada Comunidad, así como la necesidad de disponer de diferentes licencias de pesca. En este sentido la racionalidad está imponiendo el acuerdo o convenio entre las Comunidades (recogido en el borrador de la nueva Ley) para crear un tipo de licencia común. En aquella ocasión las Cortes de Castilla y León pretendieron dotar a la mayor autonomía española de un marco legislativo que regulase no sólo la pesca sino también la protección de los ecosistemas acuáticos de agua dulce, pues se carece de costas.

Ya en la explicación de motivos se aprecia una intencionalidad que supone un importante cambio. Mientras que en la Ley del 92 los principios fundamentales son la consideración de los ecosistemas como un bien común, no privado, el marcado carácter social de la pesca y la transparencia en la gestión del recurso abriendo cauces de participación a los distintos afectados, la nueva ley se fundamentará en los cambios sociales y económicos acaecidos en estos veinte años, el desarrollo de las nuevas tecnologías e infraestructuras viarias y el deseo de regular exclusivamente la pesca recreativa dejando la protección de los ecosistemas para otras normas «más específicas». Es, pese a esto, bastante mas extensa ya que contiene nueve títulos, ochenta y cinco artículos mas toda una serie de disposiciones frente a los seis títulos y 69 artículos de la antigua y vigente.

Los cambios esenciales

Inevitablemente ambos textos legislativos presentan notables similitudes referidas al ámbito de aplicación, especies pescables, artes y cebos, normativa anual, régimen y procedimiento sancionador ... pero difiere notablemente a la hora de calificar las especies en su título II. El artículo 7 califica las especies pescables, el 8 las especies exóticas o invasoras y el 9 las especies de interés preferente. En este sentido se declara a la trucha común (salmo trutta) como especie de interés preferente en todo el territorio de Castilla y León. Otra novedad interesante se establece en el artículo 16 que se refiere a los tipos de permisos de pesca que habrán de reglamentarse tanto en el precio como en el procedimiento. «En cualquier caso, se establecerá un régimen económico que favorezca la pesca sin muerte».

El cambio sin duda más importante, y el que ha generado mayor alarma e indignación entre los pescadores que practican la pesca tradicional, se encuentra contenido en el Título IV referido a las masas de agua que se clasifican en pescables y no pescables y las primeras por su régimen de aprovechamiento en aguas de acceso libre, cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales y aguas de pesca privada.

Las aguas de acceso libre, en las que tan solo se requiere para el ejercicio de la pesca de la trucha común se realizará en la modalidad de pesca sin muerte. Queda así suprimido de un plumazo el derecho de todos los pescadores, pero muy especialmente de los ribereños, de poder conseguir unas truchas para degustar (vender ya estaba prohibido) poniendo fin a una tradición gastronómica ancestral que en su día hizo famosa a la provincia.

Cualquier experto legal sabe que lo realmente importante no es la Ley, sino los posteriores desarrollos reglamentarios. En todo caso con el texto que está siendo sometido a información pública, se crea el marco adecuado para acabar con siglos de costumbre y tradición criminalizando al pescador tradicional y olvidándose de los mayores problemas de la pesca fundamentados en la conservación de la calidad del agua. Precisamente esta temporada que finalizará el próximo 15 de octubre se ha caracterizado por el abandono casi total de la vigilancia en el río. Los recortes en vehículos y combustible han casi eliminado los servicios de los agentes forestales incluso en los cotos, lo que ha repercutido en el incremento del furtivismo «blando», consistente en el empleo de artes prohibidos como la «ninfa» con plomada de fondo o la superación de cupos y tallas. Menos Leyes y mas vigilancia e inversión, es la opinión unánime de los pescadores. Precisamente en los últimos años son muchos los pescadores de fuera que están viajando a Galicia y otras autonomías ante el deterioro de los ríos de Castilla y León, lo que hace que las cifras dadas por el consejero, con mas voluntarismo que conocimiento, sean una mera especulación.